El Ayuntamiento de Sevilla detecta desvío de fondos públicos de un trabajador de la empresa municipal de limpieza, Lipasam, que llevaba tres décadas al frente de las cuentas
Un desliz, pequeño, hizo saltar las alarmas. Una cuenta bancaria que no coincidía, una réplica de una pequeña factura... y se cazó al contable. Detalles nimios. Nadie podía imaginarlo. Ningún compañero de oficina. Ni uno de sus jefes. Durante 30 años, con gobiernos municipales de todo signo político, Manuel M. G. estuvo al frente de las cuentas de la empresa municipal de limpieza de Sevilla Lipasam.
No dio un ruido. No hizo ostentación de riqueza ni cambió su ritmo de vida. Un trabajador más. Un contable gris. Pero guardaba un secreto. Hacía tres décadas que había dado con una fórmula mágica que le permitió ser millonario. Sus compañeros en la oficina no dan crédito a lo ocurrido. Hay un silencio sepulcral mientras investiga el juzgado número 14 de Sevilla, al que ha correspondido el caso.
El pasado 20 de diciembre, el Ayuntamiento de Sevilla puso una denuncia tras detectar las irregularidades y obtener la confesión del supuesto desfalco. Ahora, el consistorio la ha ampliado. El extrabajador confesó en cuanto fue interrogado por sus superiores. Nunca negó los hechos y, según fuentes municipales, desde el primer minuto insistió en que actuaba solo. No había otros trabajadores compinchados. No se implicó a terceros, a empresas o proveedores. El ayuntamiento, tras una primera investigación, cree que es verdad y que actuó en solitario. Confesó todo el entramado en cuanto se le preguntó, señalan.
Desde hace 11 años
Si en la primera denuncia se detectó desvío de fondos públicos desde 2014 por un importe que ascendía a 422.512 euros, ahora se sabe que, como mínimo, el sistema se puso en marcha hace 11 años, desde 2008. No se descarta que se llevara usando más tiempo ni que se haya desviado más dinero. Hasta ahora, el consistorio habla de 1.012.275 euros.
Desde 2008, el funcionario municipal pudo ingresarse más de un millón de euros, según la denuncia del ayuntamiento sevillano
Nadie vigilaba al contable y las auditorías de las cuentas públicas de Lipasam no chivaron nada. Él mismo se encargó de fabricar un sistema sin fisuras. Inventaba facturas. Justificaba pagos falsos. Eran cantidades pequeñas que se abonaban trimestralmente. El presunto desvío a sus cuentas bancarias, varias, era gota a gota. Se dio cuenta de que si falseaba pagos en determinados momentos del año, nadie se daba cuenta. Y echó la bola a rodar hasta hacerse millonario. Creaba asientos contables falsos, duplicando pagos de trimestres anteriores, donde aparecían todos los datos reales menos el número de cuenta, que era el suyo.
60.000 euros de salario
Lipasam es una empresa municipal que cuenta con 1.987 empleados, según los datos oficiales, y un presupuesto anual de 109 millones de euros. Nació en 1986, así que el contable, ahora suspendido, llevaba en su puesto casi desde que arrancó la empresa, hace 32 años.
Manuel era jefe de servicio del departamento económico y financiero. Según el convenio de Lipasam, cobraba 36.867 euros al año, con complementos que podían sumar unos 9.000 euros de media. Por antigüedad de más de 25 años, ingresaba otros 14.778 euros. Así figura en la tabla salarial oficial. Un salario anual nada desdeñable. Por encima posiblemente de los 60.000 euros anuales. Nadie comprende en la empresa de limpieza qué pudo llevar al hombre de las cuentas a abrir esa línea de desvíos de fondos públicos en su propio beneficio. Quizá, dicen algunos compañeros, vio que era fácil.
La oposición no está nada satisfecha con las explicaciones del consistorio que capitanea el socialista Juan Espadas. PP, Cs y Vox piden más información y preguntan cómo es posible que no saltaran antes las alarmas al controlar las cuentas de la empresa municipal. Es incomprensible, alegan, que no saltara en ninguna auditoría después de tantos años. El ayuntamiento confía en la Justicia y asegura que llegará hasta el final para recuperar el dinero supuestamente defraudado.
En otro ayuntamiento andaluz, de mucho menor tamaño, el de San Fernando (Cádiz), también se dio un caso de desfalco a manos de un trabajador municipal y una cajera. Desaparecieron siete millones entre 2004 y 2009. Aunque se pidió la imputación del interventor y la tesorera por no haber cumplido supuestamente con sus funciones, la Audiencia de Cádiz desestimó con rotundidad su implicación el pasado abril. Dejó claro, pese a los recursos, que la malversación involuntaria dejó de ser delito en 1995. Sí que asumieron su responsabilidad subsidiaria en el Tribunal de Cuentas. La lentitud de la Justicia ha marcado este otro caso.
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