Haciendo una adaptación al formato digital de la Ley de Seguridad Ciudadana, el Gobierno provisional publica la «Ley de Seguridad Digital», la Mordaza Digital, aplicable masiva e indiscriminadamente a dispositivos, servicios, usuarios y sitios online y electrónicos.
La Ley antiterrorista fue creada con la escusa del combate contra el terrorismos de ETA… no, no, de los GAL no. Como se les quedaba corta se modificó para que entrasen los yihadistas del 11-M, los mercenarios de la OTAN. Derivó en acoso y encarnizamiento generalizado, como la acusación de terrorismo a un grupo de migrantes conocida como la banda del Dixan, en el que se conculcaron todos sus derechos por el simple criterio policial respaldado a ciegas por la Audiencia Nacional. Por su puesto el acoso político, como el caso del Straight Edge madrileño y su «Goku Vive, la lucha sigue!«. O más recientemente las acusaciones a Nines Maestro por su apoyo a Palestina, o el caso Altsasua. Pero estos son varios entre cientos de casos.
Ley Mordaza de 2012 fue creada explícitamente contra el movimiento indignado/15-M, con la excusa de salvaguardar la Seguridad Ciudadana. Todavía no se ha visto que se aplique contra la #Policía, verdaderos agentes del crimen organizado. Su objetivo era la persona física, la desarticulación selectiva de individuos y con ellas de sus movimientos. Ahora se aplica indiscriminadamente y sin control, desde asociaciones de vecinos a la PAH, animalistas y por supuestos sindicatos, sus veradaderos objetivos.
No nos olvidamos del Delito de Odio, como si odiar fuese un delito. Su redacción fue evidentemente ambigua y torticera para crear la máxima confusión posible y posibilitar su aplicación indiscriminada, como estamos padeciendo. Este delito hoy en día se aplica directamente para proteger al fascismo y a los Nazis, o más bien para atacar a sus detractores y enemigos. Bien pensado, es imposible no odiar el fascismo.
Todo esto ha propiciado un acoso a los internautas en la red, capitaneada por la anacrónica Audiencia Nacional, que es quien mezcla el cocktail. Este engendro jurídico practica una alegre represión aplicando los conceptos anteriores sin ton ni son, repartiendo penas como quien vende entradas. Como se quedaron sin terroristas al disolverse ETA ahora se dedica a la presecución en la red, siendo la condena de @Carkiskonam en 2017 una de las primera. Caso Araña, Pandora, Piñata, Ice… acoso al SAT, PAH, Red Roja, CDRs… Esto solo en los últimos años. Imposible de enumerar todos sus abusos y tropelías, ya llevamos cientos. El sistema judicial junto con el Policial son incluso por encima del ejército, los garantes del régimen del 77.
La megacausa del proces de Cataluña contra la cúpula política del independentismo y la resolución de Sedición tampoco ha estado mal como ejemplo de represión que después será desplegada con toda su fuerza por el territorio. De hecho, sin el procés esta nueva ley de seguridad digital habría tomado tiempo en tomar forma. Como comentabamos en estas mismas páginas: El Fallo del Procés es una Condena a todos los Movimientos Políticos y Sociales 15.10.2019. Precisamente esta ley viene a impedir que las distintas administraciones usen servicios alternativos o colaboren con entidades no reconocidas por el aparato. Por una parte mantienen el sistema de registros y patentes y por otro impiden la competencia, canalizando todos los servicios hacia Indra, el Inteco, Amadeus, Telefónica y todo ese entramado tecnológico que dice servir a la seguridad del estado y no es más que la rama comercial del IBEX.
La megacausa del proces de Cataluña contra la cúpula política del independentismo y la resolución de Sedición tampoco ha estado mal como ejemplo de represión que después será desplegada con toda su fuerza por el territorio. De hecho, sin el procés esta nueva ley de seguridad digital habría tomado tiempo en tomar forma. Como comentabamos en estas mismas páginas: El Fallo del Procés es una Condena a todos los Movimientos Políticos y Sociales 15.10.2019. Precisamente esta ley viene a impedir que las distintas administraciones usen servicios alternativos o colaboren con entidades no reconocidas por el aparato. Por una parte mantienen el sistema de registros y patentes y por otro impiden la competencia, canalizando todos los servicios hacia Indra, el Inteco, Amadeus, Telefónica y todo ese entramado tecnológico que dice servir a la seguridad del estado y no es más que la rama comercial del IBEX.
El PSOE nos presenta la Ley de Seguridad Digital, 31/10/19 Decreto de «Seguridad pública en materia de administración digital». La cual permite simplemente cerrar, vetar o intervenir (art 6) cualquier servicio, página web, blog, cuenta de twiter, fcbk, istagram, telegram, whatsup, … incluso línea telefónica, ADSL, ruter, confiscar teléfonos, ordenadores y servidores… si esto atenta al concepto de seguridad de la autoridad de turno. Arbitrariamente y en 24h, sin necesidad de pasar por el juez. Un poli te quita el teléfono o la cámara de las manos y te jod… y vas a pedírsela al juez y la quieres de vuelta. Adiós a los enjambres de reporteros persiguiendo a los antidisturbios. ¿Réplica de partidos y organizaciones? Ninguna.
Lo que dice este decreto es el mayor ejercicio de censura visto en tiempos modernos por su amplitud, que rebasa las fronteras nacionales. Un atentado contra el derecho a la información, el derecho a decidir, el derecho de expresión y comunicación. Ya hemos visto las facturas de las leyes anteriores. Asumidas por las distintas organizaciones han logrado rebajar el nivel de conflictividad, repercusión social de las organizaciones y han logrado desactivar a numerosas activistas. Desconocemos el impacto de esta ley, pero si atendemos a los cierres masivos de webs durante el 1-O de 2017 en Cataluña podemos inferir que su uso será exponencial y su impacto demoledor y duradero.
Quien recibe los mayores favores son los organismos sancionadores capaces de aplicarla, es decir, la Policía. Ahora cuentan con las mismas capacidades on-line que en real-life. Si ya disponían de innumerables medios, beneficios y privilegios para reprimir, controlar y mantener el orden del IBEX, el regalo que le hace el PSOE les convierte en los Guardianes de la Transición, es decir, de la Restauración Borbónica. El Estado se está preparando para la próxima crisis, y la legalidad es una de sus principales herramientas, porque es fuente de legitimación y desmovilización.
A demás vemos que el verdadero objetivo no son ni si quiera las paginas web o cuentas particulares; que también. Están estrechando el arco de información. Se la soplan los indepes, comunistas, anarquistas, feministas, vasquistas, galleguistas… como han demostrado hasta ahora. Estos son daños colaterales asumibles, que crearán rumor de fondo y servirán de pantallas de humo. Su verdadero objetivo son los diarios y prensa online, cuentas de partidos, políticos y artistas con cientos de miles de seguidores, o millones, y periodistas que no traten la información de la manera adecuada, es decir, den una visión alternativa de los hechos y se lleven las audiencias. Ya lo hemos vivido en fcbk o tuiter con el cierre de miles de cuentas de activistas mientras surgían como champiñones enjambres de bots fascistas y yihadistas. ¿Cuanto tiempo se mantendrán conectadas Kaos en la red, nodo50, el Insurgente, la haine, Portal Oaca, Rebelion, Tercera Información, Canarias Semanal, Diario Octubre, A las barricadas, o este mismo medio, entre otras muchas sin suficiente espacio para mencionar, ya acosadas desde hace tiempo por los perros del capital? El tiempo por el que no atenten a la Seguridad Pública. ¿Serán capaces de capar Libcom, Voltairenet.com o Global Research en España? No lo dudéis, lo intentarían con o sin la ley de su parte. ¿Cuanto tiempo tardarán Público o el Diario.es en cambiar su línea editorial, ya de por sí light, para evitar el cierre? En cuanto empiecen las primeras clausuras.
Si los problemas de los partidos políticos son de credibilidad, ésta afecta a sus voceros, que por vender mentiras venden menos, soportan menos tráfico y ambos pierden dinero, publicidad y adeptos. Quien más sale beneficiada económicamente es la prensa domesticada del IBEX que gobierna los medios: Prisa, Vocento, Planeta, ACS, Telecinco, A3 Media, COPE, SER, tanto online como escrita, radio y TV. Ana Rosa, Piqueras, la Griso, Prat, Ferreras, los del Cascabel…el prime time. Están encantados y te dirán que ya hacía falta. Sus consecuencias solo las veremos en el tiempo. Con un PSOE así quién necesita derechas.
Salud! PHkl/tctc
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Fuente – El Gobierno publica su ‘decretazo’ que le otorga poderes extraordinarios en internet | Kaos en la red 5.11.2019 original en público
«Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación». Así, sin mencionar directamente al problema catalán y las competentecias de la Generalitat en materia digital, justifica el Gobierno de Pedro Sánchez un ‘apresurado’ Real Decreto Ley que aparece en el BOE y que otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios de control en la red.
Tal y como anunció Sánchez el pasado viernes tras el último Consejo de Ministros, España cercenará la llamada ‘República Digital Catalana’ con una batería de medidas que entran directamente al núcleo de la cuestión: prohibir el proyecto de Identicat y el proyecto de identidades digitales soberanas, sostiene el ingeniero y abogado especializado Sergio Carrasco en una conversación con Público. No obstante, lo más
Si bien cada administración puede diseñar su propios sistemas de identificación electrónica, el decreto añade una nueva ‘capa’ en manos de la Moncloa: somete a un régimen de autorización previa por parte de la Administración General del Estado a los sistemas que sean distintos a aquellos del certificado y sello electrónico aprobados por éste.
Es más, prohíbe de cuajo la posibilidad actual de utilizar tecnologías de cadena de bloques (blockchain) como identificadores válidos «mientras no haya más datos o un marco regulatorio ‘ad hoc’ de carácter estatal o europeo que haga frente a las debilidades que implica su uso para los datos y la seguridad pública».
Asimismo, obliga a las empresas que contraten con la Administración a hacer constar en el pliego tanto la finalidad de la cesión de datos como la obligación de la empresa adjudicataria de mantener al contratante al corriente de la ubicación de los correspondientes servidores.
«Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación». Así, sin mencionar directamente al problema catalán y las competentecias de la Generalitat en materia digital, justifica el Gobierno de Pedro Sánchez un ‘apresurado’ Real Decreto Ley que aparece en el BOE y que otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios de control en la red.
Tal y como anunció Sánchez el pasado viernes tras el último Consejo de Ministros, España cercenará la llamada ‘República Digital Catalana’ con una batería de medidas que entran directamente al núcleo de la cuestión: prohibir el proyecto de Identicat y el proyecto de identidades digitales soberanas, sostiene el ingeniero y abogado especializado Sergio Carrasco en una conversación con Público. No obstante, lo más
Si bien cada administración puede diseñar su propios sistemas de identificación electrónica, el decreto añade una nueva ‘capa’ en manos de la Moncloa: somete a un régimen de autorización previa por parte de la Administración General del Estado a los sistemas que sean distintos a aquellos del certificado y sello electrónico aprobados por éste.
Es más, prohíbe de cuajo la posibilidad actual de utilizar tecnologías de cadena de bloques (blockchain) como identificadores válidos «mientras no haya más datos o un marco regulatorio ‘ad hoc’ de carácter estatal o europeo que haga frente a las debilidades que implica su uso para los datos y la seguridad pública».
Asimismo, obliga a las empresas que contraten con la Administración a hacer constar en el pliego tanto la finalidad de la cesión de datos como la obligación de la empresa adjudicataria de mantener al contratante al corriente de la ubicación de los correspondientes servidores.
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